Finalizó este jueves por la noche el acampe que el agente municipal Emilio “Lulo” Torres mantenía frente al edificio de la Municipalidad de La Calera en el marco de su reclamo laboral.
Según consta en un parte policial emitido por la Departamental Sierras Chicas Norte, Distrito XXIV, Comisaría 24A de La Calera, alrededor de las 21 horas se procedió al levantamiento del gazebo instalado sobre la vereda del municipio y Torres, de 63 años, abandonó el lugar, quedando despejado el sector “sin novedad”.
La protesta había comenzado días atrás, cuando el trabajador decidió encadenarse frente al Palacio Municipal exigiendo su reincorporación laboral y el pago de haberes adeudados. El caso había generado repercusión política y mediática en la ciudad, especialmente luego de la difusión pública de cartas, reclamos administrativos y presentaciones judiciales vinculadas al conflicto.
En la mañana de hoy, antes del levantamiento del acampe, se conoció la resolución judicial que declaró inadmisible el amparo presentado por Torres contra la Municipalidad de La Calera, al considerar que la cuestión debía tramitarse por la vía ordinaria.
Con la retirada del acampe, la protesta callejera parece haber llegado a su fin, aunque el conflicto laboral podría continuar en el ámbito judicial y administrativo.
El conflicto laboral protagonizado por el agente municipal Emilio “Lulo” Torres sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial. Luego de iniciar una protesta encadenándose frente al edificio de la Municipalidad de La Calera para reclamar su reincorporación laboral, la Justicia resolvió rechazar el recurso de amparo presentado por el trabajador.
Según surge de la documentación judicial a la que accedió Reporte Cba, Torres había promovido una acción de amparo contra la Municipalidad de La Calera y otros responsables bajo la carátula “Torres, Ramón Emilio Onofre c/ Municipalidad de La Calera y otros – Amparo Ley 4915”. Sin embargo, la Sala Electoral y de Competencia Originaria del Tribunal Superior de Justicia confirmó declaró inadmisible la presentación mediante el Auto N° 161, fechado el 21 de abril de 2026.
La justicia rechazó el amparo de Torres
En la resolución, el tribunal consideró que el planteo debía tramitarse por la vía ordinaria y no mediante un amparo, evitando así expedirse sobre el fondo del conflicto laboral denunciado por el agente.
El caso tomó estado público luego de que Torres se encadenara en la vereda del Palacio Municipal reclamando la restitución de su puesto de trabajo y el pago de haberes adeudados. Desde el municipio sostienen que el trabajador se encontraba bajo la modalidad de contratado, que su vínculo laboral había vencido y que incluso se habría negado a firmar una nueva contratación ofrecida por la administración local.
La controversia generó repercusiones políticas en La Calera, especialmente por el impacto social de la protesta.
El conflicto ahora ingresa en una etapa de definición judicial y administrativa, mientras se aguardan si surgen nuevas acciones a instancias de negociación entre las partes.
La controversia desatada en La Calera tras la intimación judicial enviada por el intendente Fernando Rambaldi al titular de Radio Bamba no debería analizarse únicamente como un conflicto entre un funcionario y un medio de comunicación. El episodio obliga a abrir una discusión más profunda sobre los límites éticos, profesionales y legales del ejercicio periodístico en tiempos donde muchas veces la agresión reemplaza al análisis y la descalificación ocupa el lugar de la información.
Según el comunicado difundido por el Ejecutivo municipal, la carta documento enviada al conductor Sergio González responde a una serie de expresiones públicas consideradas “agraviantes, falsas y lesivas”, emitidas durante meses a través de la radio, redes sociales y estados de WhatsApp. La intimación sostiene que esos contenidos habrían excedido el marco de la crítica política para ingresar en terrenos vinculados al agravio personal, las afirmaciones sin sustento y referencias a aspectos privados del intendente.
El caso adquiere especial relevancia porque no se trata de una crítica aislada ni de una diferencia editorial circunstancial. En La Calera, desde hace tiempo se viene observando una escalada discursiva donde ciertos espacios comunicacionales parecen haber abandonado el rol periodístico tradicional para convertirse en actores permanentes de confrontación política. Y allí aparece una frontera delicada: el periodismo tiene el deber de controlar al poder, investigar y cuestionar a los funcionarios. Pero no puede transformarse en un espacio de hostigamiento sistemático ni en una tribuna de agravios personales.
Resulta importante remarcar algo más. Radio Bamba ha mantenido durante meses una línea editorial extremadamente crítica no sólo hacia la gestión municipal, sino también hacia otros medios de comunicación de la ciudad, entre ellos Reporte Cba. Sin embargo, este medio eligió deliberadamente no ingresar en una lógica de enfrentamiento personal ni responder agravios con agravios. No por debilidad editorial, sino por convicción profesional.
El periodismo local atraviesa una crisis de credibilidad que no se resolverá con más violencia discursiva. La sociedad no necesita comunicadores convencidos de poseer una verdad absoluta ni periodistas que utilicen un micrófono como herramienta de demolición moral. Necesita información rigurosa, opiniones firmes y debates intensos, sí, pero dentro de los límites que exige la convivencia democrática.
En ese contexto, también merece análisis el comunicado emitido posteriormente por Radio Bamba, donde se reconoce que “en algún momento se utilizaron expresiones que pudieron rozar aspectos personales” y que ello “no corresponde al ejercicio responsable del periodismo”. La frase tiene peso político y jurídico. Aunque no configura necesariamente una retractación plena en términos legales, sí representa una admisión implícita de que determinados excesos existieron.
Y ese punto no es menor. Porque la legislación argentina protege de manera amplia la libertad de expresión, especialmente cuando se trata de asuntos de interés público y críticas a funcionarios. Pero esa protección no es ilimitada. Cuando las afirmaciones se apartan de los hechos verificables y derivan en agravios personales persistentes o imputaciones potencialmente falsas, aparecen riesgos concretos de responsabilidad civil y penal.
Por eso, más allá de cómo evolucione este conflicto, el episodio deja una señal de advertencia para todo el ecosistema mediático local. La crítica fortalece la democracia; el odio sistemático la degrada. Y cuando el periodismo pierde responsabilidad, pierde también legitimidad ante la sociedad.
En una jornada marcada por el tono festivo y la participación institucional, quedó formalmente constituida la nueva comisión del Centro Vecinal de barrio La Campana, encabezada por Vicente Alaniz, quien asumió la presidencia junto a su equipo de trabajo.
El acto contó con el acompañamiento de autoridades municipales y referentes comunitarios, en el marco de una política de fortalecimiento de los centros vecinales impulsada por el municipio de La Calera. Durante el encuentro, se destacó el rol de estas organizaciones como articuladoras entre el Estado local y los vecinos, y se valoró el compromiso de quienes integran la nueva conducción barrial.
Desde el ámbito oficial, se subrayó la importancia de “seguir trabajando de manera conjunta para mejorar la calidad de vida de los vecinos”, en línea con una agenda que prioriza la cercanía territorial y la participación comunitaria.
Sin embargo, más allá del clima de celebración, en redes sociales comenzaron a emerger algunas voces críticas que pusieron en duda la transparencia del proceso de renovación de autoridades. Otros comentarios, en cambio, respaldaron la designación y felicitaron a Alaniz y su equipo, destacando la importancia de contar con referentes comprometidos con la realidad del barrio.
Por Gustavo Restivo
En La Calera (como en otras localidades) no solo hay problemas. Existe, además, una disputa política en pleno desarrollo que ya ha adoptado forma de campaña, y —a mi juicio— de manera prematura: estamos a un año y ocho meses de las próximas elecciones. Veinte meses que marcarán el ritmo político de la ciudad, con un calendario que desemboca en octubre de 2027, curiosamente a días de una fecha cargada de simbolismo en la tradición política argentina.
Las dificultades son innegables: servicios tensionados, conflictos heredados, externalidades, reclamos vecinales y decisiones que incomodan. Pero de allí a afirmar que la ciudad atraviesa una crisis terminal hay un salto que excede lo descriptivo. Es un salto político.
Ese salto no es espontáneo. Tiene una arquitectura que lo sostiene: una construcción retórica que, amplificada, termina dibujando un retrato exagerado, casi expresionista, de la realidad. Un paisaje desolador que solo adquiere consistencia en el terreno de la percepción.
En los últimos tiempos comenzó a consolidarse un mecanismo reconocible. Se selecciona un hecho real y se lo presenta desprovisto de contexto. Desaparecen la historia, los procesos y las restricciones. Queda un recorte preciso, funcional a la instalación de una conclusión inmediata. Luego, ese recorte se simplifica al extremo: la complejidad se diluye y en su lugar emerge una narrativa eficaz. Alguien es responsable, alguien no funciona, alguien fracasa.
El siguiente paso es la intensificación. El mensaje deja de informar y pasa a condenar. Las redes sociales, ciertos espacios digitales y circuitos de difusión local operan como caja de resonancia. Lo que podría ser un problema puntual se amplifica hasta adquirir la forma de una crisis generalizada.
Finalmente, llega la personalización. La política, en términos de ideas, proyectos o debates, se retrae. En su lugar aparece un silencio argumental: todo se reduce a nombres propios.
En este punto conviene abandonar las preguntas ingenuas: ¿quién se beneficia de que La Calera sea percibida como una ciudad en crisis permanente?
A veinte meses del próximo turno electoral, resulta difícil no leer en esta dinámica la acción de sectores políticos que buscan reposicionarse o recuperar centralidad mediante la deslegitimación sistemática de la gestión actual.
No se trata de crítica —necesaria en toda democracia— sino de algo más preciso: la construcción de un clima. Y ese clima no es neutro. Genera enojo, acelera juicios, empobrece el debate y, sobre todo, debilita la capacidad del ciudadano para distinguir entre hechos e interpretaciones.
Cuando todo se presenta como crisis, la política se vuelve ruido y la sociedad entra en un estado de irritación permanente que favorece más la manipulación que la comprensión.
Advertirlo implica asumir una responsabilidad: no consumir sin filtro lo que circula. Preguntarse quién habla, desde dónde y con qué intenciones.
Porque en política, como en toda construcción humana, no solo importa lo que pasa. Importa —y mucho— cómo nos lo cuentan.
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Vecinos de La Calera y de barrios de la ciudad de Córdoba afectados por el peaje La Calera, se autoconvocaron este viernes 17 por la tarde en el sector del camino a los Cuarteles, para manifestarse contra el cobro de peaje que consideran “injusto” y en rechazo al procedimiento policial que derivó en la detención del activista Ariel Enrique Guzmán.
La protesta se desarrolló en un clima de alta sensibilidad, luego de los hechos ocurridos el día de ayer durante la inauguración del “Alto Nivel”, donde Guzmán fue detenido por la Policía de Córdoba mientras participaba de una manifestación de manera pacífica. Si bien recuperó la libertad durante la madrugada, quedó imputado por “resistencia a la autoridad”, situación que fue cuestionada por los vecinos organizados.
Bajo consignas como “No al peaje” y en defensa del “derecho a manifestarse”, los participantes se concentraron en las cabinas de cobro, señaladas como el eje del conflicto. El reclamo apunta a la eliminación de un sistema que —afirman— afecta de manera directa a familias que transitan diariamente por la zona, especialmente entre Córdoba y La Calera.
Desde diciembre de 2022, vecinos autoconvocados sostienen acciones de protesta contra este peaje, al que califican como ilegal. En ese marco, también cuestionan que obras de infraestructura en el sector sean financiadas con recursos provenientes de ese cobro.
Durante la jornada, los manifestantes reiteraron denuncias sobre el accionar policial del jueves, al que calificaron como “arbitrario” y “desproporcionado”. Según testimonios difundidos por los propios vecinos, la detención de Guzmán se produjo en medio de una protesta pacífica y estuvo acompañada de forcejeos, rotura de pancartas y presuntos excesos por parte de los efectivos.
El caso sumó además versiones de testigos que aseguran que no hubo agresión previa por parte de los manifestantes, lo que alimenta el reclamo por el acceso a registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona para esclarecer lo ocurrido.
En este contexto, la movilización de hoy viernes no solo expresó el rechazo al peaje, sino que también funcionó como una respuesta colectiva ante lo que los vecinos consideran un avance sobre derechos básicos, como la libre circulación y el derecho a expresarse y peticionar a las autoridades. Esto se notó en la cantidad de vecinos que concurrieron a las cabinas a expresarse en una acción que por su magnitud es histórica para la mesa de trabajo.
Hasta el momento, no se conoció una versión oficial detallada sobre el procedimiento que derivó en los hecho de público conocimiento ni sobre los fundamentos de la imputación contra Guzmán. El conflicto, lejos de desescalar, parece ingresar en una nueva etapa de mayor visibilidad y organización vecinal, dado el gran aumento en la participación de ciudadanos.
Entre el 20 y el 28 de abril de 2026, los interesados deberán completar un formulario digital en la web del consejo y presentar, en sobre cerrado, la documentación requerida.
El Consejo de la Magistratura de Córdoba convoca a inscripción de aspirantes para participar en concurso publico de antecedentes y oposición para cubrir el cargo de juez o jueza Electoral de la Provincia.
Entre el 20 y el 28 de abril de 2026, inclusive, los interesados deberán completar y enviar el formulario digital que estará disponible en la página web https://consejodelamagistratura.cba.gov.ar/inscripciones/. Deberán adjuntar en el formulario el curriculum vitae nominal (en formato PDF) y la constancia de pago del arancel.
Simultáneamente, es decir, entre el 20 y el 28 de abril, inclusive, los aspirantes a concursar deberán presentar en la sede del Consejo de la Magistratura, ubicada en Av. Gral. Paz 70, 6° piso, de lunes a viernes de 9:15 a 14:45 horas, un sobre cerrado con los siguientes datos:
- Nombre del postulante y cargo a concursar.
- Copia impresa del formulario de inscripción y fotografía actualizada.
No se admitirán constancias de inicio de trámite, con excepción del certificado de buena conducta que expide la Policía de la Provincia, el que deberán presentar ni bien se expida. Los postulantes que no cumplimenten estos pasos en tiempo y forma serán declarados inadmisibles.
Para obtener mayor información, los interesados podrán concurrir personalmente al Consejo de la Magistratura o comunicarse a los teléfonos (0351) 4341062 (fijo) y 3514024307 (móvil), de lunes a viernes de 09:15 a 14:45 horas.
En el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal y luego de recibir numerosas denuncias anónimas al 0800-888-8080, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticularon una banda narco y detuvieron a tres personas en la ciudad de La Calera.
Las aprehensiones de tres hombres (dos mayores de edad y un menor) se realizaron en la vía pública, en calle Honduras s/n de barrio El Cenizal. Los sujetos estaban siendo investigados por una causa de narcomenudeo. Tras el palpado preventivo correspondiente, se secuestraron elementos relacionados a la causa.
En el mismo instante de las detenciones, se libró un allanamiento sobre calle Manuel Pizarro s/n del barrio anteriormente mencionado. Tras los registros, se incautaron 362 dosis de marihuana y 186 de cocaína y dinero en efectivo.
Cabe destacar que la banda fue modificando la modalidad de venta y los puntos de comercialización para evitar controles. Los investigados operaban en cercanías al domicilio allanado, realizaban ventas en la vía pública y con modalidad delivery, utilizando a distintos sujetos para concretar las transacciones (entre ellos un menor de edad).
Autoridades de la Fiscalía del Segundo Turno supervisaron el operativo y dispusieron el traslado de los aprehendidos y los secuestros a sede judicial, de acuerdo a lo establecido según la Ley Nacional de estupefacientes 23.737.
Tras varias horas de incertidumbre, en la madrugada de este jueves fue liberado Ariel Enrique Guzmán, el manifestante detenido durante una protesta en el sector del “Alto Nivel” de Valle Escondido. Según confirmaron integrantes de Vecinos Unidos de Córdoba y La Calera, la liberación se concretó alrededor de las 4:00, aunque el vecino quedó imputado por el delito de “resistencia a la autoridad”.
La detención había generado tensión durante toda la noche, ya que, pese a versiones iniciales que indicaban una pronta liberación, Guzmán permaneció en la Seccional 13 mientras se labraban actuaciones para su elevación a la Unidad Fiscal.
Una vez recuperada la libertad, el propio Guzmán difundió un mensaje en el que agradeció el apoyo recibido y negó haber incurrido en conducta violenta. “Solamente nos manifestábamos pacíficamente. Jamás agredí ni verbal ni físicamente a ningún policía ni autoridad”, sostuvo. Además, denunció haber sido víctima de un procedimiento irregular: “Nos rodearon, nos tiraron las pancartas, las quebraron y me detienen abusivamente”.
En la misma línea, otros manifestantes y vecinos que participaron de la protesta respaldaron su versión de los hechos. A través de mensajes difundidos en grupos vecinales, señalaron que la manifestación transcurría sin incidentes hasta la intervención policial, a la que calificaron como “temeraria” y “prepotente”. También denunciaron el secuestro y rotura de pancartas, y la presunta sustracción de un teléfono celular durante el operativo.
Uno de los testigos, identificado como Sergio Petrussa, afirmó haber estado “codo a codo” con Guzmán durante la manifestación y sostuvo que no se registraron agresiones por parte de los vecinos. Según su relato, el forcejeo se produjo tras la intervención de los efectivos, que —según denunció— rodearon a los manifestantes y avanzaron sobre ellos.
El episodio se inscribe en el conflicto que vecinos de Córdoba y La Calera mantienen desde diciembre de 2022 contra el cobro de un peaje que consideran ilegal. La protesta en Valle Escondido formaba parte de esa serie de acciones, que, según los organizadores, se realizan bajo la consigna de manifestación pacífica.
Tras la liberación, los vecinos ratificaron la convocatoria a una nueva movilización prevista para este viernes 17 de abril a las 19:00, en la que exigirán la eliminación del peaje y el cese de lo que consideran detenciones arbitrarias.
Hasta el momento, no se difundió una versión oficial detallada por parte de la Policía de Córdoba ni de la Fiscalía sobre el procedimiento, los hechos que derivaron en la imputación ni las denuncias realizadas por los manifestantes. El caso abre un nuevo foco de conflicto en torno al accionar de las fuerzas de seguridad y el ejercicio del derecho a la protesta en la provincia.
Un episodio de tensión se registró en las últimas horas en el sector de Valle Escondido, en la ciudad de Córdoba, donde un manifestante fue detenido por efectivos policiales mientras se desarrollaba una protesta en el marco de la inauguración de obras en la zona conocida como “Alto Nivel”.
Según informaron integrantes de la organización Vecinos Unidos de Córdoba y La Calera, la persona detenida fue identificada como Ariel Enrique Guzmán, quien participaba de una manifestación junto a otros referentes, entre ellos Sergio Petrussa, Ricardo Moyano y Jorge Altamira. De acuerdo a los testimonios, la protesta se desarrollaba de manera pacífica, en línea con una convocatoria previa que enfatizaba el carácter no violento de la acción.
Durante el procedimiento, testigos señalaron que los presentes reclamaron a los efectivos policiales la liberación de Guzmán, al grito de “No ha hecho nada, déjenlo”. Asimismo, indicaron que el propio manifestante solicitó a los agentes que no lo tocaran mientras era retirado del lugar.
Fuentes vinculadas a la protesta sostienen que la detención se enmarca en un conflicto más amplio que mantiene ese grupo vecinal desde diciembre de 2022. El eje del reclamo es el rechazo al cobro de un peaje en la zona, que consideran ilegal, así como a la ejecución de obras financiadas —según denuncian— con fondos provenientes de dicho sistema.
Tras la detención, Guzmán fue trasladado a la Seccional 13. Desde la organización convocante calificaron el hecho como “un atropello a la libertad de expresión y al derecho a la protesta”, y anunciaron una nueva movilización para el próximo viernes 17 de abril a las 19:00 horas.
Entre los puntos que impulsan en la convocatoria se destacan la eliminación del peaje cuestionado y la garantía del derecho a manifestarse sin detenciones que consideran arbitrarias.
Hasta el momento, no hubo información oficial detallada sobre las causas del procedimiento policial ni sobre la situación judicial del detenido. El episodio vuelve a poner en agenda la tensión entre las fuerzas de seguridad y sectores sociales movilizados en reclamos de carácter territorial y económico.
La reciente resolución del ERSeP que autoriza aumentos tarifarios para la Asociación Cooperativa Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A. expone, una vez más, una tensión estructural en la regulación de servicios públicos: el delicado equilibrio entre la sustentabilidad económica del sistema y la capacidad de pago de los usuarios.
El ajuste aprobado no es menor. En el caso del agua mayorista, el incremento alcanza el 22,06%, superando incluso el 16,61% originalmente solicitado por la prestadora. La razón es técnica: el informe de costos incorporó un elemento determinante —el impacto de la energía eléctrica— que elevó el costo real de prestación. En términos estrictamente económicos, la decisión es consistente: se trata de recomponer tarifas atrasadas frente a una estructura de costos en expansión.
Sin embargo, el punto crítico no reside en la matemática, sino en el modelo.
El esquema adoptado por el ente regulador responde a una lógica de “traslado de costos”, donde la tarifa funciona como un espejo casi directo de la estructura operativa del prestador. Este enfoque, habitual en contextos inflacionarios, garantiza la continuidad del servicio, pero debilita los incentivos a la eficiencia. Si todo aumento se transfiere al usuario, el sistema pierde presión interna para mejorar productividad, reducir pérdidas o innovar en gestión.
La propia resolución deja entrever esta tensión. El voto en disidencia dentro del directorio advierte sobre la falta de una evaluación integral del servicio: no se pondera con suficiente profundidad la calidad, continuidad ni eficiencia de la prestación. En otras palabras, se ajusta el precio sin medir con igual rigor el valor entregado.
Este punto es clave. En economías inestables, la regulación no puede limitarse a validar costos; debe también ordenar incentivos. De lo contrario, el riesgo es doble: por un lado, consolidar estructuras ineficientes; por otro, trasladar al usuario no solo la inflación, sino también las ineficiencias del sistema.
A ello se suma un factor insoslayable: el contexto social. Los aumentos aprobados —que también impactan en servicios cloacales y cargos especiales— se acumulan sobre una estructura de ingresos deteriorada. La advertencia del voto negativo no es menor: la razonabilidad tarifaria no puede abstraerse de la realidad económica.
En definitiva, la resolución del ERSeP no es excepcional; es representativa. Refleja un modelo regulatorio que prioriza la sostenibilidad del prestador, pero que aún no logra integrar de manera equilibrada eficiencia, calidad y protección del usuario.
El desafío, hacia adelante, no será solo ajustar tarifas, sino redefinir el contrato implícito entre Estado, empresas y ciudadanos. Porque cuando el agua —el más básico de los servicios— se vuelve un problema tarifario, lo que está en juego no es solo un cuadro de costos, sino la legitimidad misma del sistema.
La inflación de marzo en Córdoba, ubicada en torno al 3,2%–3,4% mensual, marca un punto de inflexión relevante: se interrumpe el proceso de desaceleración observado en meses previos y se consolida un nivel de inflación todavía elevado. En términos anualizados, este ritmo implica una dinámica cercana al 45–50%, lo que evidencia que la nominalidad de la economía argentina continúa siendo alta.
El dato desagregado permite identificar tres motores principales. En primer lugar, los precios regulados explican una parte sustancial del incremento. Rubros como vivienda, servicios públicos y transporte mostraron subas significativas, vinculadas a ajustes en tarifas, combustibles y alquileres. Este fenómeno responde a una decisión de política económica: corregir precios relativos atrasados. De hecho, los regulados crecieron 4,9% y explican una proporción considerable de la inflación mensual.
En segundo lugar, persiste una inflación núcleo elevada (2,9%), lo que indica que la inercia inflacionaria sigue activa. Esto se observa especialmente en servicios, que aumentaron 3,5%, por encima de los bienes (2,9%). La dinámica de servicios suele estar asociada a salarios, contratos indexados y menor competencia, lo que dificulta una desaceleración rápida.
En tercer lugar, los alimentos, particularmente la carne, continúan ejerciendo presión. Aunque el promedio del rubro se alineó con el índice general, se registraron subas puntuales más intensas, con impacto directo en el poder adquisitivo.
A este cuadro se suma un elemento central señalado por Juan Carlos de Pablo: la existencia de un “factor ausente”. El aumento internacional de la energía, asociado a tensiones geopolíticas en torno al Estrecho de Ormuz, aún no se trasladó plenamente a los precios locales. A diferencia de otras economías, donde el impacto fue inmediato, en Argentina este efecto aparece rezagado debido a regulaciones, controles y la administración del tipo de cambio.
Esto implica que la inflación actual podría estar subestimando presiones futuras. Es decir, parte del ajuste todavía no ocurrió, sino que se encuentra diferido. En este contexto, el riesgo no es un salto abrupto, sino una persistencia en niveles elevados, con posibilidad de nuevos impulsos si se trasladan los costos energéticos.
La reacción del presidente Javier Milei, calificando el dato como negativo pero explicable, refleja esta tensión: el gobierno busca consolidar la desinflación sin recurrir a intervenciones distorsivas. En síntesis, la economía argentina transita un proceso de estabilización incompleto, donde conviven correcciones necesarias, inercia inflacionaria y riesgos externos aún latentes.
En el marco de una política orientada al fortalecimiento del tejido social, el municipio de La Calera avanza con un plan de recuperación y puesta en valor de espacios deportivos comunitarios, bajo la consigna “Tu Barrio, Tu Cancha", el Ceni y Kalpivan son una muestra más de ello.
La iniciativa busca garantizar condiciones más seguras y adecuadas para la práctica de actividades recreativas, mediante la mejora de infraestructura, iluminación y mantenimiento en canchas ubicadas en distintos sectores de la ciudad. El objetivo central es promover entornos que favorezcan la inclusión y el desarrollo integral de niños y jóvenes.
Desde el municipio destacan que el deporte constituye una herramienta clave en la formación social, en articulación con la educación, el juego y el acompañamiento familiar. En esa línea, las intervenciones no solo apuntan a la mejora física de los espacios, sino también a fortalecer su rol como puntos de encuentro comunitario.
El programa se inscribe en una estrategia más amplia de urbanismo social, que prioriza la descentralización de servicios y la generación de oportunidades en los barrios. La recuperación de las denominadas “canchitas” aparece así como un componente relevante para fomentar la participación juvenil y prevenir situaciones de vulnerabilidad.
Bajo el lema “La Calera, cada vez mejor”, la gestión local busca consolidar una agenda de proximidad, donde la infraestructura urbana se vincule directamente con la calidad de vida y la cohesión social.
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