El Concejo Deliberante de La Calera celebró este 16 de septiembre una sesión ordinaria breve, pero con dos decisiones de impacto concreto: por un lado se trató la actualización de las tarifas por el uso de instalaciones municipales y en segundo lugar una bonificación tributaria destinada a los comerciantes afectados por las obras de la avenida Simón Bolívar. Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad.

Tal como mencionamos en primer lugar, se sancionó en segunda lectura la modificación del artículo 91, inciso b, de la Ordenanza 025/CD/2024. La medida actualiza los valores correspondientes al alquiler de salones de usos múltiples y al empleo de diferentes espacios deportivos y recreativos municipales. Según se explicó durante la sesión, algunas instalaciones se alquilaban por aproximadamente $15.000, un monto insuficiente para afrontar los gastos de limpieza, mantenimiento y conservación. Con la nueva ordenanza, el alquiler de los salones pasaría a $50.000, además de exigirse un depósito reintegrable si el lugar se devuelve en buenas condiciones.

La actualización fue justificada también por la falta de una Tarifaria 2026 aprobada, situación que mantiene vigentes varios valores establecidos para 2025. El oficialismo sostuvo que los bienes municipales deben permanecer accesibles, pero que su utilización genera costos que necesitan ser cubiertos.

El segundo proyecto lo anticipamos ayer, establece bonificaciones sobre distintas contribuciones municipales para los comercios de la avenida Simón Bolívar perjudicados por las restricciones de circulación provocadas por la obra de sistematización y repavimentación. El beneficio tendrá carácter retroactivo a marzo de 2026 y podrá alcanzar las tasas de Comercio e Industria, Inmobiliaria, Agua y Cloacas. Cada comerciante deberá acreditar el período durante el cual su actividad resultó afectada.

Durante el debate, el concejal Lucas Larrosa defendió la intervención como una obra estratégica para conectar el sur de La Calera con el centro y consolidar a Simón Bolívar como el segundo corredor comercial de la ciudad. También remarcó que más de la mitad del costo sería afrontado con recursos municipales.

Desde el punto de vista político, la sesión dejó dos elementos relevantes: el reconocimiento institucional del perjuicio ocasionado a los comerciantes y un acuerdo unánime entre oficialismo y oposición. Al mismo tiempo, apareció una disputa latente sobre la autoría política y el financiamiento de la obra, debido a la participación de fondos provinciales y municipales.

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La asamblea extraordinaria de Belgrano dejó una imagen política difícil de ignorar: Rodrigo Rufeil quedó en una minoría muy reducida frente a la conducción de Luis Fabián Artime, que obtuvo un respaldo abrumador para reformar el estatuto del club.

Rufeil, que fuera vocal de la comisión directiva, acompañó al grupo que cuestionó judicialmente la convocatoria, el padrón, el quórum y la información entregada a los socios. La Justicia finalmente permitió realizar la asamblea y la reforma fue aprobada con apenas dos votos en contra y tres abstenciones. El resultado fortaleció a Artime y dejó a sus opositores sin una base societaria suficiente para disputar la conducción.

Sin embargo, sería apresurado trasladar mecánicamente esa derrota al escenario electoral de La Calera. Allí, Rufeil conserva cierto espacio de poder construido durante sus dos períodos como intendente. Mantiene vínculos territoriales, relaciones dentro del peronismo y llegada al Gobierno provincial. Para la mayoría de los vecinos, además, una discusión estatutaria dentro de Belgrano está lejos de ocupar el centro de sus preocupaciones cotidianas.

La consecuencia puede sentirse en otra escala. Integrar la conducción de uno de los clubes más importantes de Córdoba le ofrecía visibilidad, relaciones institucionales y contacto con sectores sociales y empresariales que exceden ampliamente a La Calera. Belgrano no era solamente un espacio deportivo: también podía funcionar como una plataforma para proyectar su figura provincialmente.

Por eso, el problema no está únicamente en haber perdido una votación. Rufeil intentó ponerle un límite a Artime, recurrió a la vía judicial y terminó acompañado por una minoría ínfima. Esa secuencia puede debilitar su imagen como dirigente capaz de construir consensos más allá de su territorio de origen.

En La Calera, su capital político todavía existe, pero parece diluirse. Desde la derrota del peronismo dividido en 2023, no ha conseguido instalar con claridad una agenda propia ni explicar qué proyecto propone para recuperar el municipio. Una eventual unidad con su primo Facundo Rufeil podría evitar otra fragmentación, aunque no garantiza por sí sola competitividad electoral.

Todavía resta tiempo para las elecciones, pero el reloj político ya inició su cuenta regresiva. Rufeil continúa dentro del juego y conserva un lugar en la mesa. La pregunta es si logrará transformar nuevamente sus contactos, su trayectoria y su estructura en liderazgo activo.

Lo sucedido en Belgrano no determina su futuro en La Calera, pero deja una advertencia para su proyección provincial: tener historia y ocupar cargos no siempre equivale a conservar capacidad de conducción.

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La capacitación fue dictada por la Universidad FASTA. El intendente Fernando Rambaldi encabezó la entrega de certificados junto con autoridades universitarias, concejales y representantes de distintas instituciones.

La Municipalidad de La Calera realizó este martes 15 de septiembre la entrega de certificados a los agentes de la Secretaría de Seguridad que finalizaron y aprobaron el Diplomado en Seguridad Ciudadana, dictado por la Universidad FASTA.

El acto comenzó a las 10, en calle Saúl Moyano, y estuvo encabezado por el intendente Fernando Rambaldi y el rector de la casa de estudios, Juan Carlos Mena. La ceremonia constituyó un reconocimiento al compromiso, la dedicación y los conocimientos adquiridos por los trabajadores municipales durante el proceso de capacitación.

La formación del personal representa una herramienta central para profesionalizar las tareas de prevención y fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante las distintas problemáticas vinculadas con la seguridad ciudadana. También procura brindar a los agentes nuevos conocimientos y criterios de actuación para su trabajo cotidiano en el territorio.

Acompañaron la entrega la presidenta del Concejo Deliberante, Silvina Barotto, y los concejales oficialistas Lucas Larrosa, Miguel Argüello, Florencia Chiappero y Sofía Fernández Montero.

También participaron representantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el diácono Claudio Martínez entre otras autoridades locales e institucionales.

La entrega de diplomas cerró una instancia académica destinada a jerarquizar la función de los agentes municipales. En un área especialmente sensible para la comunidad, la capacitación continua constituye un componente necesario para avanzar hacia una política de seguridad más profesional, coordinada y cercana a los vecinos.

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El metro cuadrado para edificar una vivienda tipo en Córdoba superó los $987.000 en julio de 2026 y acumula una suba interanual del 32,3%, según el último dato oficial del Índice del Costo de la Construcción (ICC-Cba) que publica la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia. En el mes, el indicador registró un aumento del 1,6%, por debajo del 1,9% que marcó el promedio nacional, pero mantiene una trayectoria alcista sostenida desde principios de año.

Para los vecinos de La Calera que planean ampliar, refaccionar o construir, este escenario implica revisar con cuidado los presupuestos y los plazos de obra. Los rubros que más pesan en la canasta del ICC‑Cba —materiales, mano de obra, fletes e impuestos— continúan presionando alza, aunque con ritmos mensuales más moderados que en el primer semestre. En lo que va de 2026, el costo de construir acumula un incremento del 19,8%, lo que refleja una desaceleración respecto a los picos de junio, cuando la suba mensual llegó al 4,45%.

El valor de referencia del m², que en junio se ubicaba en $971.978, trepó a más de $987.000 en julio, una señal de que los constructores locales ya están trasladando a los contratos ya las cotizaciones de materiales. En un distrito en expansión como La Calera, donde conviven loteos nuevos con barrios consolidados, la planificación financiera se vuelve clave: conviene pedir al menos tres presupuestos desglosados, exigir cronogramas de compra de insumos y prever cláusulas de ajuste por rubro para evitar sorpresas a mitad de obra.

La serie completa del ICC‑Cba, con índices por rubro y valor del m², está disponible en el portal de datos abiertos de Estadística de Córdoba, donde se actualiza mes a mes. Para quienes siguen cerca del mercado inmobiliario local, el indicador funciona como termómetro: si bien la inflación mensual se moderó, la presión interanual del 32,3% sigue condicionando la viabilidad de proyectos de autoconstrucción y de pequeñas desarrolladoras en el departamento Colón.

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José López y Abel Fatala recibieron penas de prisión condicional por administración fraudulenta. Los hermanos Schoklender también fueron condenados, mientras que Julio De Vido resultó absuelto.

El programa nació con un objetivo difícil de cuestionar: construir viviendas para familias que necesitaban una solución habitacional. Sin embargo, una parte de los fondos públicos destinados a ese propósito terminó desviada y numerosas obras quedaron abandonadas o inconclusas.

Por estos hechos, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 condenó, por mayoría, al exsecretario de Obras Públicas José López y al exsubsecretario Abel Fatala a dos años y nueve meses de prisión de ejecución condicional. Ambos fueron considerados responsables de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y quedaron inhabilitados de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

El fallo también alcanzó a Sergio y Pablo Schoklender, antiguos apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El primero recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional y el segundo, de dos años y cuatro meses.

La decisión tuvo, sin embargo, un capítulo diferente: el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros cuatro exfuncionarios fueron absueltos. La fiscalía había pedido condenas de hasta seis años para los principales acusados.

Durante el juicio, los fiscales sostuvieron que entre 2007 y 2011 se organizó una maniobra para transferir fondos a la Fundación sin licitación y con controles insuficientes. La Secretaría conducida por López giró más de 748 millones de pesos para ejecutar las obras. Según la acusación, se detectaron sobreprecios de hasta el 100 por ciento y un desvío comprobado de 206 millones.

Ese mismo monto fue fijado por el tribunal como decomiso y deberá actualizarse por inflación cuando la sentencia quede firme.

Detrás de los números queda la consecuencia más concreta: viviendas prometidas que no llegaron a construirse y familias que continuaron esperando. Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 13 de noviembre.

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Funcionarios municipales explicaron anoche en comisión las dificultades técnicas que retrasaron la obra de calle Bolívar y el impacto sobre la actividad comercial. La iniciativa será debatida en la sesión ordinaria y se anticipa un desenlace favorable.

El Concejo Deliberante de La Calera realizó anoche una reunión de comisión para analizar el proyecto de ordenanza que propone aliviar la carga tributaria de los comerciantes afectados por la obra de sistematización y hormigonado de calle Bolívar.

Durante el encuentro, funcionarios de distintas áreas municipales explicaron la problemática atravesada por los negocios ubicados sobre el corredor y detallaron las razones técnicas que extendieron los tiempos previstos para la finalización de los trabajos.

La iniciativa contempla exenciones temporales en la tasa de Comercio e Industria, la contribución sobre la propiedad y los servicios municipales de agua y cloacas. La medida busca compensar parcialmente las pérdidas ocasionadas por los cortes de tránsito, las dificultades de acceso y la menor circulación de clientes.

Los representantes del Ejecutivo reconocieron el impacto de la obra sobre comerciantes y vecinos, particularmente en el sector del Parque de la Familia. También señalaron que la disminución de las ventas se produce en un contexto económico general adverso, aunque admitieron que los trabajos agravaron las dificultades de los establecimientos directamente afectados.

La intervención fue pensada originalmente como una repavimentación asfáltica, pero la gestión del intendente Fernando Rambaldi decidió reemplazarla por una calzada de hormigón e incorporar una solución hidráulica integral.

Según la exposición técnica, durante las excavaciones aparecieron napas freáticas próximas a la superficie, cañerías antiguas e interferencias con redes de gas, electricidad, telefonía y fibra óptica. Esto obligó a reformular sectores del proyecto, renovar conexiones domiciliarias y sustituir tramos completos de la red de agua.

El municipio informó que lleva invertidos alrededor de 70 millones de pesos solamente en materiales para cañerías, sin computar maquinaria, combustible ni personal. También se construyeron drenajes, cámaras y conductos para aumentar considerablemente la capacidad de evacuación del agua en una zona históricamente afectada por anegamientos.

Las lluvias y las tareas adicionales motivaron una ampliación formal del plazo de ejecución hasta el 26 de octubre. Desde el Ejecutivo sostienen que la obra continúa dentro del nuevo período contractual.

El proyecto será debatido este miércoles durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Aunque resta la votación formal, la impresión recogida por Reporte Cba tras el trabajo en comisión permite anticipar un cierre positivo y un posible respaldo unánime de los concejales.

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