La Justicia elevó a juicio una causa por presunta defraudación al municipio de La Calera, donde se investigan contrataciones ficticias y facturas truchas por servicios que no se habrían prestado. Hay siete exfuncionarios acusados y un perjuicio estimado en más de 1.650 millones de pesos.
El juez de Control Anticorrupción Gustavo Hidalgo avaló la acusación contra dos exintendentes y cinco exfuncionarios de La Calera, quienes enfrentarán juicio oral por 15 hechos de defraudación a la administración pública. Se trata de una causa conocida como “usina de facturas”, que investiga maniobras con servicios contratados que nunca se habrían realizado.
La causa se inició tras una denuncia presentada por las diputadas nacionales Elisa Carrió y Leonor Martínez Villada, y la instrucción estuvo a cargo del fiscal Matías Bornancini. Según la investigación, entre 2014 y 2016 se emitieron facturas por trabajos inexistentes a nombre de personas que incluso desconocían haber sido contratadas. Algunas de ellas vivían en otras provincias y no tenían capacidad técnica para realizar las tareas declaradas.
Los acusados incluyen a los exintendentes Juan Sandoval y María Esther Figueroa, y a exfuncionarios de áreas clave como Finanzas, Obras Públicas y Contaduría. También se investiga la participación de proveedores que serían prestanombres o personas indigentes.
El perjuicio estimado para el municipio supera los 22 millones de pesos de aquella época, lo que equivale actualmente a más de 1.650 millones de pesos. En julio de 2024, el intendente Fernando Rambaldi solicitó que el municipio se constituya como querellante y pidió el embargo preventivo de los bienes de cuatro imputados.
La Cámara 10ª del Crimen será la encargada de juzgar la causa, aunque la decisión aún no está firme. La trama revela una compleja red de desvío de fondos públicos mediante documentación apócrifa, en uno de los casos más resonantes de corrupción municipal en Córdoba.
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